En diciembre de 2019, Ayuda Legal Puerto Rico publicó el informe Acceso a la justicia como prioridad: Defensa de derechos en tiempos de austeridad. Allí señalamos que las políticas de austeridad implementadas por el Estado durante la pasada década y media redujeron el acceso de las personas, en especial aquellas empobrecidas e históricamente vulneradas, a remedios para hacer valer sus derechos. Concluimos que el gobierno falló y falla en su responsabilidad primaria de respetar, proteger y garantizar el acceso a la justicia. Destacamos, además, la situación económica precaria de las instituciones gubernamentales llamadas a velar por los derechos de estas poblaciones y la de los proveedores de servicios legales gratuitos.

Este Análisis de Presupuesto complementa este informe en cuanto estudia y reitera el deber del Estado de proveer los recursos suficientes para garantizar el acceso a la justicia. Para ello, repasamos las principales políticas públicas sobre las cuales se desarrolló el Plan Fiscal para Puerto Rico, según certificado por la Junta de Control Fiscal (en adelante, la Junta), así como las etapas de la confección del presupuesto basado en dicho plan. Este Análisis se valió primeramente de la evaluación detallada del presupuesto de agencias e instrumentalidades públicas que comparten explícitamente la responsabilidad de velar por el acceso a la justicia, así como su desempeño en el contexto de la crisis fiscal y las políticas de reducción de gastos. Las entidades estudiadas fueron la Oficina de la Procuradora del Ciudadano, Oficina de la Procuradora de la Mujer, Oficina del Procurador del Paciente, Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada, Defensoría de las Personas con Impedimentos, Comisión de Derechos Civiles y el Tribunal General de Justicia. Para propósitos de este estudio, se compararon las partidas presupuestarias de estas agencias en la pasada década, incluyendo las correspondientes al año fiscal 2020-2021.