JUNTA de SUPERVISIÓN FISCAL: Un análisis del Departamento de Educación de Puerto Rico ante el COVID 19

Preparado por Arnaldo Cruz, Director de Investigacion y Politica Publica de la junta se presentó un documento titulado: “​LA FALTA DE ACCIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTA DEJANDO ATRÁS A LOS ESTUDIANTES: Un análisis del Departamento de Educación de Puerto Rico respondiendo a la situación de COVID 19​”. ​En este Cruz expone: “​Dada la incertidumbre, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) debe evaluar detenidamente las implicaciones a mediano y largo plazo para el aprovechamiento académico tanto de los maestros como de los estudiantes. Conforme a los modelos epidemiológicos, hay tres posibles escenarios: el optimista, el algo optimista y el pesimista. El escenario optimista presume que las escuelas permanecerán cerradas hasta el fin del año escolar y que estarán listas para abrir en el semestre que inicia en agosto. El escenario algo optimista presume que las escuelas permanecerán cerradas durante el inicio del próximo semestre y que reanudarán las clases presenciales en enero de 2021. Mientras, un escenario pesimista presume que las escuelas permanecerán cerradas durante todo el año escolar 2020-2021.

En vista de estas posibilidades, un ejercicio meticuloso de planificar todos los escenarios sería necesario para programar las acciones y minimizar las interrupciones de la enseñanza en Puerto Rico. Aunque el DE ha anunciado una serie de iniciativas, nos preocupa que no forme parte de un esfuerzo coordinado mayor para atender las necesidades de los estudiantes durante la crisis en cualquiera de estos escenarios”.

Gobierno presenta Plan Fiscal enmendado con el COVID 19 como principal protagonista

La ​Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) presentó el ​plan fiscal revisado a la ​Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tras incorporar el impacto negativo del COVID-19 en la economía de Puerto Rico.

El director ejecutivo de la AAFAF, Lcdo. Omar Marrero Díaz, explicó que el plan fiscal ajustado incorporó los retos fiscales y económicos que enfrenta Puerto Rico a raíz de la pandemia por COVID-19.

El plan fiscal contiene los fondos necesarios para que el gobierno central y los municipios puedan continuar brindados servicios al pueblo. Se garantiza también, las pensiones de los retirados y se incorpora una solución a 5 años para los municipios tras la reciente anulación de la Ley 29.El plan integra iniciativas y políticas fiscales que se detallaron en el plan fiscal que el gobierno de Puerto Rico presentó en febrero del 2020.

Las iniciativas incluyen el Plan de Retribución Uniforme, la aportación de mil millones de dólares para nutrir una cuenta rotatoria para financiar proyectos de reconstrucción y los fondos para mejorar el retiro de los oficiales de la policía.

Publican Guía de Patronos para reapertura

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel A. Laboy Rivera anunció, tras semanas de trabajo del Task Force Económico, la ​Guía para la Reapertura Económica del Sector Privado​, ​tras la paralización de ciertas operaciones para evitar el contagio por el Covid-19.

Con esta guía el DDEC espera que los patronos se preparen para el reinicio de labores presenciales a medida que se flexibilizan las Órdenes Ejecutivas por parte de la Gobernadora.

Resumen Orden Ejecutiva 2020-038

La gobernadora Wanda Vázquez Garced publicó la ​Orden Ejecutiva 2020-038​, ​que contiene cambios sustanciales para reabrir la economía a partir del lunes, 4 de mayo.

El toque de queda se extenderá hasta el 25 de mayo.

Se podrán realizar trabajos relacionados a servicios financieros hipotecarios, seguros, agentes, corredores de bienes raíces, notarías y servicios profesionales, como abogados, ingenieros y contables. Estos servicios se ofrecerán por cita previa y atendiendo una persona a la vez.

Se añadieron a los abogados de pleitos civiles citados ante los tribunales y los notarios solo para ofrecer los servicios que detalló el Tribunal Supremo de Puerto Rico, los inspectores de DACO y los investigadores de los laboratorios de la UPR.

Además, se permitirán servicios de notaría para las transacciones que le sea requerida en el curso ordinario de los negocios, servicios legales, firmas de CPA y otros servicios profesionales similares necesarios que no se puedan realizar de manera remota, pero condicionadas a las reglas de distanciamiento social y utilizando citas.

Iniciarán algunos trabajos en la industria de la construcción y la manufactura. En ambos casos, las empresas que comiencen operaciones, tienen que presentar un plan de manejo de contagio en el lugar de trabajo, según dispondrá la orden.

Las medidas estarán bajo evaluación según el avance de la pandemia por COVID-19 en Puerto Rico.

De otra parte, los patronos exentos del cierre y que interesen reanudar sus operaciones deberán someter la autocertificación patronal​, publicada en la página electrónica www.trabajo.pr.gov​, previo a la apertura de su negocio. El documento deberá ser completado en todas sus partes y firmado por el patrono o un representante autorizado, y ser enviado junto al Plan de Control de Exposición al COVID-19 al correo electrónico [email protected].

Con la entrega de dicha documentación, el patrono podrá comenzar a operar su negocio y se entenderá que las facilidades se ajustan a los parámetros establecidos por PROSHA y el CDC.

La información completa está disponible en este​ ​enlace.

Departamento de Educación Federal publica Guías para Interpretación del Título IX de Derechos Civiles

El Departamento de Educación de EE. UU. emitió una regla final que rige las obligaciones de las escuelas de investigar las denuncias de acoso sexual o agresión en virtud del ​Titulo IX​. ​Entre las provisiones hay algunas a las cuales grupos de derechos civiles de han opuesto. Entre estas están:

• Imponer una definición indebidamente estrecha de acoso sexual, una más estrecha que la utilizada para el acoso racial.
• Permitir que los colegios y universidades no investiguen las quejas de incidentes que razonablemente deberían haber sabido.
• Alivie a las escuelas de la obligación de investigar muchos casos de acoso o agresión de estudiante a estudiante que ocurren fuera del campus, incluso cuando tienen efectos continuos en el campus.
• Permitir a las escuelas adoptar respuestas irrazonables a las quejas y responsabilizarlas solo si sus acciones son “deliberadamente indiferentes”.
• Permitir a las escuelas aplicar un estándar de prueba de evidencia claro y convincente.

De otro lado han estado a favor de otras tales como ​protecciones procesales en audiencias disciplinarias escolares, incluidas aquellas que:

• Requieren una audiencia en vivo y una oportunidad para el interrogatorio en el entorno universitario
• Brindan la oportunidad de retrasar los procedimientos del Título IX ante una investigación o enjuiciamiento penal inminente o en curso
• Proporcionar a ambas partes el derecho de acceso a la evidencia de la investigación.
• Proporcionar el derecho a decisiones escritas que aborden cuidadosamente la evidencia.

Anuncian $36 millones para la educación, Sección 8, aeropuertos, albergue y comida por el COVID-19

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció una nueva partida de fondos federales que suman $36,050,748 provenientes del Departamento de Educación

federal, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD), Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) que han sido autorizados bajo la ley de estímulo económico federal para manejar la emergencia por el coronavirus, mejor conocida como el CARES Act (Ley Pública 116-136).

El Departamento de Educación federal hizo disponible $19,719,327 para 51 instituciones en Puerto Rico en fondos adicionales a los ya anunciados por la comisionada el pasado 14 de abril. Estos fondos se dan bajo programas el Hispanic-Serving Institutions y los 2.5% reservados a través del Fund for the Improvement of Postsecondary Education (FIPSE) para instituciones que recibieron menos de $500,000 entre todos los programas que recibieron fondos.

Las instituciones pueden usar estos fondos para cubrir el costo de la tecnología asociada con una transición a la educación a distancia, subvenciones para cubrir los costos de asistencia para estudiantes elegibles y capacitaciones de personal y facultad. Además, los fondos se pueden utilizar para cubrir los costos operativos, como la pérdida de ingresos, los reembolsos por gastos anteriores y la nómina; y para becas adicionales para estudiantes, aunque este último no es un requisito.

Vivienda Federal autoriza $1,700 millones en fondos CDBG-DR

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de $1,700 millones en fondos como parte del segundo acuerdo del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.

Los fondos CDBG-DR se otorgan mediante asignación federal cuando el presidente de los Estados Unidos declara un desastre mayor y hay necesidades significativas para la recuperación a largo plazo. Esta asignación se da tras la emergencia ocasionada por los huracanes Irma y María.

Este segundo acuerdo de subvención, que obtuvo la firma de la gobernadora el 3 de febrero de 2020, asigna $1,700 millones de los $8,200 asignados bajo la Notificación de Registro Federal 93 FR 40314 el 14 de agosto de 2018.El acuerdo de subvención obtuvo la firma del secretario de HUD, Ben Carson, el 21 de febrero de 2020 y recibió la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal el pasado 14 de abril.

En Puerto Rico, el Programa CDBG-DR comprende cinco sectores: Vivienda, Planificación, Infraestructura, Multisectorial, y Desarrollo Económico. Todos los

programas están enfocados en un desarrollo de transformación a gran escala para crear y retener empleos mediante la recuperación y el desarrollo de empresas.

Además, busca desarrollar zonas de oportunidad, revitalizar centros urbanos para restablecer los negocios de la comunidad y fomentar el turismo, y combinar proyectos de infraestructura regional y actividades de desarrollo económico de uso mixto que brinden oportunidades de vivienda y de negocios.

EN LA LEGISLATURA

Legislan acomodos razonables para trabajadores vulnerables o con menores

El Senado de Puerto Rico aprobó el ​Proyecto del Senado 1577 ​en sesión ordinaria para enmendar la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, conocida como la Ley para Prohibir el Discrimen Contra las Personas con Impedimentos Físicos, Mentales o Sensoriales.

Este proyecto dispone que durante la pandemia del COVID-19, tendrá derecho a acomodo razonable todo empleado que tenga una enfermedad o condición de salud identificada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Salud como condición de alto riesgo de mortalidad en caso de contagio con este virus o que sea custodio de menores de 14 años de edad o menos cuyos planteles escolares están cerrados por la pandemia y que estudian mediante trabajo remoto.

La medida pasa ahora a la Cámara de Representantes para su consideración.

Proponen Capacitación financiera de la fuerza laboral

El Proyecto de la Cámara 2303 busca crear la Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral. Establece la política pública para la capacitación financiera de la fuerza laboral en Puerto Rico, para promover la preparación de las personas que trabajan para su retiro. Dispone que se diseñe un programa mandatorio de capacitación financiera para todos los empleados públicos. Crea un grupo especial de trabajo compuesto por agencias públicas y organizaciones privadas para el diseño y desarrollo de un programa voluntario de ahorro para el retiro dirigido a empleados del sector privado.

De otro lado el ​Proyecto de la Cámara 2484 ​busca crear el Programa de Emergencia para la Condonación de Tarifas de Servicios Esenciales. Permite que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica puedan condonar la

deuda de aquellos abonados residenciales que fueron cesanteados o que se han visto impedidos de poder generar ingresos por causa del cierre de comercios impuesto por la emergencia por el coronavirus COVID-19.

Otro proyecto que se trabaja actualmente es el ​Proyecto de la Cámara 2499​, este busca enmendar la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service. Dispone que la PRITS elabore un plan estratégico de recuperación tecnológica en situaciones de desastres o emergencias para el gobierno. Dispone que los informes anuales que debe rendir a la Asamblea Legislativa y al gobernador deberán incluir una certificación que acredite que los planes estratégicos han sido debidamente revisados y actualizados, y que han evaluado y analizado los planes de trabajo de todas las agencias, en torno a la administración, uso, despliegue e inversión de las tecnologías de información y comunicación del gobierno. Dispone que el Plan de Innovación y Tecnología para el Gobierno del PRITS será revisado y actualizado periódicamente.

También el ​Proyecto de la Cámara 2500 busca enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Pública. Dispone que el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres será responsable de mantener actualizado el sistema de inventario de suministros de necesidad ante una emergencia; convocar reuniones para discutir y analizar los planes estatales de manejo de emergencia y sus actualizaciones; imponer a los coordinadores interagenciales la obligación de notificar la actualización de los inventarios de suministros; establecer un plan para la distribución de alimentos, suministros y donativos; prohibir que los funcionarios públicos distribuyan suministros sin la coordinación del Negociado de Manejo de Emergencias; e imponer a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias la obligación de mantener un inventario de suministros actualizado.