Robusteciendo la Justicia Social

AYUDA LEGAL PUERTO RICO (APR)

“La comunidad de práctica ha sido un espacio para poder encontrarnos y ver a APR como un proveedor de capacidad para otras organizaciones… sino vernos también como un jugador en un proceso de intercambio de saberes y eso es algo diferente en la comunidad de práctica.” (Ariadna Godreau, Directora Ejecutiva)

Ayuda Legal Puerto Rico (APR), por los últimos diez años se ha dedicado a promover el apoderamiento legal apoyando a familias de ingresos limitados, particularmente en el área de la vivienda, defendiendo el derecho a permanecer, así como la recuperación justa, justicia climática y la justicia laboral de la mujer. APR desarrolló en Puerto Rico el concepto de “recuperación justa” a través de asambleas comunitarias y la experiencia de acompañamiento legal post huracán María en el 2017.

Su enfoque es la recuperación justa como un derecho fundamental que tienen las personas y comunidades a que sus necesidades y derechos humanos se contemplen en los procesos de recuperación. “La recuperación justa como un fin, pero también como un proceso de formación de cómo queremos que el país se recupere, cómo queremos que Puerto Rico se vea cuando pasa una catástrofre (natural o política)”, expresó Ariadna. Su enfoque se expande hacia la justicia económica, incluyendo derechos laborales y trabajo digno, así como la educación y servicios legales en foros locales o federales.

Desde el comienzo de la iniciativa de RJS en el 2021, APR ha tenido avances significativos en temas de vivienda digna, recuperación justa y acceso equitativo a fondos de recuperación. Algunos aspectos destacados han sido:

  • Fortalecieron su narrativa como organización compuesta de abogadas activistas que defienden los derechos humanos y el “derecho a permanecer” (viviendas asequibles y dignas. El cambio de narrativa ha ido más dirigido a que hay que cambiar las maneras en que el sistema distribuye sus riquezas, cambiar las maneras en que el sistema de justicia administra los procesos judiciales, cambiar la manera en que se accesibilicen los techos seguros.
  • Lograron cambiar las guías de Federal Emergency Management Agency (FEMA) para todos los Estados Unidos y sus territorios, incluyendo a Puerto Rico. Algunos de esos cambios incluyen proceso de relocalización, justicia climática atada a esa relocalización, entre otros procesos como el de traducción de términos en las guías.
  • Expansión de su agenda de abogacía mientras mantienen el enfoque en el acompañamiento legal.
  • Reconocimiento del rol formal de la Coordinadora de Litigios, fortaleciendo la estructura organizacional.
  • Adquisición de espacios permanentes en medios, incluyendo un programa de radio financiado en parte por la subvención.
  • Integración de nuevos enfoques en programas como Recuperación Justa (expropiaciones), Derecho a tu Casa (justicia económica y violencia de género) y Alquileres Dignos (impactos de la especulación y alquileres a corto plazo).
  • Fortalecieron su enfoque en la defensa de condiciones que permitan a las personas permanecer en sus comunidades.
  • Desarrollaron un nuevo plan estratégico de cinco años y plan de sostenibilidad financiera, alineado con la misión y visión organizacional. Así como crear un plan de sucesión estratégico.
  • Integraron componentes clave en su Junta Directiva.
  • Continuar sus esfuerzos de evaluación continua basada en métricas claras de desempeño y sostenibilidad programática.

Alguna de las colaboraciones estratégicas logradas a base de la comunidad de práctica lo han sido:

  • Colaboran con el Fideicomiso del Caño Martín Peña y Sembrando Sentido en torno a la crisis de vivienda, específicamente en un programa de vivienda para los (78) municipios de Puerto Rico que aún sufren los daños causados por los huracanes Irma y/o María (R3 – CDBG-DR).
  • Avanzaron junto a Sembrando Sentido y el Resiliency Law Center, colaboraciones en proyectos de auditoría social, capacitación en acceso a la información y monitoreo de contratos gubernamentales. También han podido analizar contratos de interés para las comunidades y desarrollar bases de datos automatizadas para agilizar y mejorar la información sobre expropiaciones forzosas y ejecuciones hipotecarias dentro del análisis de derechos de vivienda de Ayuda Legal.

Destacan que el compromiso a tres años de RJS, les brindó una estabilidad financiera y capacidad para planificar estrategias a largo plazo, crecer programáticamente y expandir colaboraciones clave con organizaciones aliadas. Además de consolidarse como una organización influyente en política pública y justicia social. Reconociendo que los últimos años han sido de cosechas importantes en cambios de política pública a nivel local y federal, reconocen el rol de APR como jugadoras importantes para concretar estos cambios y solidificar su misión organizacional.

Puedes escuchar sus entrevistas anteriores aquí y conocer más sobre el Impacto de esta comunidad de práctica.

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