COVID-19

Boletín Informativo Especial #2 sobre COVID-19

Congreso aprueba ayuda por COVID-19, PR recibiría fondos para Medicaid y alimentos

El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un segundo paquete de ayuda de emergencia, por valor de 100,000 millones de dólares y que incluye la baja pagada por enfermedad, para contener la expansión y el impacto del coronavirus. Asimismo, otorga fondos para que los test del virus sean gratuitos en todo el país; refuerza los programas de asistencia social, como los subsidios de alimentos para los ciudadanos con escasos recursos; y garantiza la baja pagada por enfermedad para empleados en empresas con una plantilla menor de 500 trabajadores. A Puerto Rico, la medida le facilita $183 millones en fondos para Medicaid y asistencia alimentaria durante la emergencia de coronavirus.

El plan, valorado en más de un billón de dólares, incluye aplazamientos del pago de impuestos; asistencia a sectores especialmente afectados como las aerolíneas u hoteles; y la entrega de dinero en efectivo a los ciudadanos.

Gobierno de Puerto Rico anuncia medidas para atender la crisis provocada por el COVID-19

Las siguientes medidas fueron anunciadas para paliar la crisis económica provocada por el COVID-19

Junta de Control Fiscal

La Junta de Control Fiscal aprobó la exención del impuesto de ventas y uso (IVU) para la compra de artículos de primera necesidad.

Gobierno de Puerto Rico y sus dependencias:

  • Alimentos preparados SIN IVU

Los alimentos preparados estarán exentos del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a partir de mañana, viernes 20 de marzo, confirmó la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Esta medida será de forma temporal por la crisis generada por el coronavirus en Puerto Rico.

Vázquez Garced explicó que la exención comenzará a las 12:01 a.m. del viernes y que concluye a las 11:59 p.m. del 19 de abril.

Por otro lado, el gobierno anunció también que no cortará servicios esenciales por falta de pago como, por ejemplo, la energía eléctrica y el agua, por falta de pago mientras dura la emergencia.

Departamento de Hacienda:

El departamento anuncio la moratoria en los términos del plan de pago de los contribuyentes con el Departamento.

Además, extendió el plazo para radicación y pago de Planillas de Contribución sobre Ingresos hasta el 15 de mayo de 2020.

Cooperativas:

La Corporación Pública para la Supervisión y el Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec), autorizó a las cooperativas de ahorro y crédito, sujetas a su regulación, a ofrecer moratorias a sus socios en el pago de préstamos.

Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC)

La ODSEC informó que a raíz de la Orden Ejecutiva 2020-23, se concederá una moratoria en los pagos de rentas e hipotecas del Programa Comunidades Especiales hasta que concluyan los esfuerzos para contener la propagación del virus COVID-19.

Administración de Vivienda Pública

El administrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP), William Rodríguez, anunció que el proceso de cobro de renta en los residenciales de todo Puerto Rico quedó pospuesto hasta tanto culmine el aislamiento social establecido por la Orden Ejecutiva.

Legislación

  • La Cámara atiende la Resolución Conjunta del Senado 491 que autoriza a todo médico autorizado a ejercer la práctica de la medicina en Puerto Rico a atender pacientes mediante el uso de la telemedicina, consultas médicas telefónicas, o por cualquier otro método permitido, así como el monitoreo remoto de estos.
  • Mientras, la Resolución Conjunta del Senado 492 crea un fondo para ayudar a las familias afectadas por el estado de emergencia. Este fondo se nutrirá de una asignación de hasta $25 millones provenientes del Fondo de Emergencia. El fondo creado será utilizado para la concesión de un estímulo económico de $500 y será remitido al solicitante por el Departamento de Hacienda. Los recipientes del Programa de Asistencia Nutricional no cualificarían para este beneficio.
  • El Proyecto del Senado 1539, dispone que no se desconectará, ni cesará, ni cancelará ningún servicio de electricidad, agua potable o telecomunicaciones sin el consentimiento del cliente, hasta pasados 30 días de la terminación de la situación de emergencia. En el proyecto se incluye que cualquier entidad pública o privada que incumpla con el texto de la propuesta ley se expone a una multa de hasta $100,000.

El contenido de este boletín especial fue comisionado por FiPR a la división de Innovación Social de Microjuris.

If you are a grantmaker seeking to improve the lives of the marginalized, become a member to connect with other philanthropic entities and amplify your impact.

Share

More FiPR News

Learning Journey: Centro Esperanza

Learning Journey: Centro Esperanza Al comenzar el mes de septiembre, momento en el que reflexionamos sobre la recuperación de nuestras comunidades, realizamos nuestro Learning Journey en el Centro Esperanza de

Read More »

Keep track of our moves