En un episodio especial e improvisado reúnimos a dos expertas clave en el ecosistema de transparencia de la isla: Issel Masses, Directora Ejecutiva de Sembrando Sentido, y Carla Minet, Directora Ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Grabado el viernes 14 de noviembre de 2025, este diálogo aborda el controvertido Proyecto del Senado 63 (PS 63), una medida que busca enmendar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puerto Rico, limitando derechos constitucionales esenciales. Con el debate legislativo en pleno desarrollo, el episodio desmenuza el estatus del proyecto, sus implicaciones y un llamado a la acción ciudadana.

Una ley que nadie pidió

El Proyecto del Senado 63 se presentó sin consulta, sin evidencia de necesidad, y sin ser parte de promesas de campaña. Esta medida propone enmendar la Ley de Transparencia para:

• limitar el acceso a información pública,
• extender los plazos de respuesta, y
• permitir que las agencias declaren confidencial cualquier documento por reglamento interno, sin supervisión pública.

“Esta medida no tiene datos que justifiquen su razón de ser. No hay transparencia, ni rendición de cuentas. Solo crea un precedente peligroso,” dijo Carla Minet.

Definición y Alcance de la Información Pública

Carla Minet aclara que es todo lo que el gobierno genera o custodia –contratos, informes, estudios–, con excepciones limitadas (seguridad nacional, secretos comerciales) que deben justificarse judicialmente. El PS 63 facilita declarar información “confidencial” vía reglamentos opacos, sin revisión ciudadana, erosionando el derecho constitucional

La transparencia es un derecho, no una carga burocrática

Masses y Minet desmontan el argumento del gobierno de que responder solicitudes es una carga. Los mismos datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto muestran que la mayoría de las agencias reciben menos de 10 solicitudes al año.

“Hablan de eficiencia, pero lo que buscan es control—no servicio público,” expresó Issel Masses.

Información = Poder

Su impacto es multisectorial. Para organizaciones sin fines de lucro, periodistas, comunidades, e incluso entidades privadas, los datos públicos son esenciales. No solo afecta a la prensa sino a todos: Academia y ONGs: Dificulta investigaciones en políticas públicas y equidad. Comunidades y Ambientalistas: Retrasa acceso a permisos y planes de emergencia Sector Privado: Contratistas, licitadores y aseguradoras enfrentan demoras en pliegos, facturas y adjudicaciones –hasta dos meses para información básica, amenazando operaciones. Ciudadanía: Limita la fiscalización electoral y cotidiana, debilitando la democracia.